“Latinoamericanos podrían sufrir sanciones comerciales por “incumplimiento” en propiedad intelectual según USTR” (International Centre for Trade and Sustainable Development)

World Intellectual Property Organization

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Luego de revisar el estado de la protección y cumplimiento de las leyes sobre derechos de propiedad intelectual (DPI) en 77 países, el USTR consideró que 46 de ellos no están realizando un trabajo adecuado y los colocó en distintos niveles de prioridad. En el continente americano Argentina, Canadá, Chile y Venezuela figuran en la lista de más alta prioridad, mientras que Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México y Perú se encuentran en la ‘lista de observancia’.

El informe sobre la Sección especial 301 de 2009 elaborado por la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y divulgado el 30 de abril pasado, evalúa unilateralmente si la protección de los DPI es adecuada y efectiva según los intereses de la industria de los EEUU. Conforme a ese examen, y de acuerdo a la gravedad de las transgresiones percibidas por su industria, los países son clasificados en tres categorías, de más a menos grave: (a) lista prioritaria de observancia (priority watch list); (b) lista de observancia (watch list); y (c) estatus de monitoreo Sección 306 (Section 306 monitoring status). Según la categoría en que se encuentren, los países pueden ser sometidos a la suspensión de beneficios comerciales, a nuevas investigaciones, o a una disputa comercial ante órganos de solución de controversias. En Latinoamérica, sólo Argentina y Brasil han sido sancionados comercialmente bajo esta legislación (ver Puentes Quincenal, Vol. 4, No. 1, 23 de enero de 2007, en http://ictsd.net/i/news/puentesquincenal/9799/).

La edición de este año señala a China y Rusia como los países que provocan los más altos niveles de pérdidas a la industria estadounidense debido a su incumplimiento con los DPI.  Para el caso de los países latinoamericanos, señala fallas para detener el comercio de bienes falsificados, así como incumplimientos de los DPI para medicamentos (excepto en Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Perú y Paraguay).

El informe incluye además una sección con algunos mercados físicos que están siendo monitoreados porque se ha comprobado la existencia de un alto comercio de bienes que riñen con los DPI, como la zona donde convergen los límites políticos de Argentina, Brasil y Paraguay, varias zonas en ciudades mexicanas y un área en Buenos Aires, Argentina.

Argentina

A pesar de que el USTR reconoce que las autoridades de cumplimiento de Argentina han mostrado cooperación con la industria estadounidense de derechos de autor, así como progresos en la reducción del rezago de solicitudes de otorgamiento de patentes, la piratería continúa siendo un problema “significativo” en varios sectores de la industria. El USTR además considera que el sistema judicial argentino se ha mostrado reticente a imponer condenas suficientemente disuasorias en los casos criminales. El informe resalta preocupación particular en el caso de los medicamentos porque, a criterio del USTR, Argentina aún no provee protección adecuada contra el uso comercial injusto de información no divulgada y otra información generada para obtener el permiso de comercialización de productos farmacéuticos.

Chile

En el caso de Chile, si bien el informe reconoce que el país ha realizado avances en el cumplimiento de la DPI, lo coloca en la lista prioritaria de observancia dado que el balance es negativo. Como pasos positivos, el USTR destaca  la ratificación del Tratado de Cooperación de Patentes (cumpliendo un compromiso incluido en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y los EE.UU. firmado en julio de 2003), la creación de una brigada especial dentro de la fuerza policial chilena para combatir los delitos contra la DPI y la apertura del Instituto Nacional para la Propiedad Industrial.  Como elementos negativos, el USTR considera el inadecuado cumplimiento de legislación contra la falsificación de derechos de autor y marcas, así como la no implementación en la legislación nacional chilena de compromisos asumidos tras la firma de su acuerdo comercial con los EE.UU. Dentro de tales compromisos destacan, entre otros, la ratificación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su versión de 1991 y el Tratado sobre derecho de marcas. También relacionado con el acuerdo bilateral el USTR señala la falta de protección adecuada contra el uso comercial injusto de información no divulgada y otra información generada para obtener el permiso de comercialización de productos farmacéuticos. Tanto a Chile como Argentina, el USTR solicita que implementen  un sistema efectivo para evitar el otorgamiento de permisos de comercialización a copias no autorizadas de productos farmacéuticos protegidos por patentes.

Venezuela

El USTR apuntó que la piratería de derechos de autor continúa empeorando y que aunque se ha propuesto nueva legislación al respecto, de aprobarse, debilitaría la legislación venezolana sobre derechos de autor así como estándares bilaterales e internacionales de protección de los DPI. Agrega que el sector farmacéutico de los EE.UU. se queja que Venezuela no ha otorgado una sola patente a un producto farmacéutico extranjero desde 2003, y que en 2008 se reinstituyó una legislación que data de 1955 que prohíbe el otorgamiento de patentes a alimentos y medicamentos.

Reacciones

Organizaciones de la sociedad civil como Knowledge Ecology International (KEI), Oxfam América y el Foro sobre democracia y comercio, han criticado fuertemente el informe pues lo consideran como una continuación de las políticas de la administración de George W. Bush que acostumbraba penalizar a países en desarrollo por proveer acceso a medicamentos genéricos de bajo costo, incluso manteniéndose en conformidad con los compromisos en la OMC. Dichas organizaciones manifestaron la esperanza de que este sea el último vestigio de la administración Bush y que el gabinete de Barack Obama reconozca el derecho de los países a incrementar el acceso a los medicamentos. KEI y Health GAP desestimaron el informe del USTR por considerarlo una “engañosa herramienta comercial unilateral que sirve en su mayoría a los intereses de las corporaciones estadounidenses”. Coincide con esa posición Sean Flynn, director asociado del programa Information Justice and Intellectual Property en la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington, piensa que los resultados del informe son “muy controversiales” dado que los países cuestionados no tienen oportunidad de defenderse.

Por otra parte, organizaciones estadounidenses como la Business Software Alliance, Motion Picture Association for America, y la US Chamber of Commerce recibieron con beneplácito el informe y lo consideraron una señal de que la administración de Obama tendrá una postura acorde con sus intereses. La International Intellectual Property Alliance manifestó que la Sección especial 301 es una herramienta crítica con la que los EE.UU. han sido capaces de asegurar una mejora en la protección y cumplimiento de los derechos de autor, y un acceso justo y equitativo al mercado de los socios comerciales.

Reportaje ICTSD y CINPE, fuentes consultas:

International Intelectual Property Alliance, IIPA (2009). IIPA Statement on USTR’s Decisions in its 2009 Special 301 Review Affecting Copyright Protection and Enforcement Around the World. Consultado el 2 de mayo de 2009 en

http://www.iipa.com/pdf/IIPAStatementonUSTRs2009Special301Decisions043009.pdf

Office of the United States Trade Representative, USTR (2009). 2009 Special 301 Report. Consultado el 2 de mayo de 2009 en

http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2009/2009_Special_301_Report/asset_upload_file500_15612.pdf

Porteus Viana, Liza. (2009, 2 de mayo). US Special 301 Process Acclaimed By Industry, Assailed By Public Interest Groups. Intellectual Property Watch. Consultado el 2 de mayo de 2009 en  http://www.ip-watch.org/weblog/2009/05/02/special-301-process-acclaimed-by-industry-assailed-by-public-interest-groups/

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